El colectivo critica el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento, al que califica de “proceso de desgaste”.
Ter García. Periódico Diagonal. 30/10/16
“El Ayuntamiento de Madrid confunde utilizar un espacio público con hacerlo público”, explican desde la asamblea del Espacio Vecinal Arganzuela (EVA). La plataforma de colectivos que se creó con el objetivo de convertir el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, en Madrid, en un espacio de gestión ciudadana señala las deficiencias del proceso participativo impulsado desde el Ayuntamiento para decidir sobre el destino de este edificio, al que está previsto que se trasladen cerca de 2.000 funcionarios, y del que 17.000 metros se destinarán a usos sociales.
Sobre este traslado de funcionarios, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, destaca a Diagonal que “tenemos miles de funcionarios repartidos por Madrid, pagando alquileres astronómicos, que fue la política de Gallardón y Botella”. El concejal explica que tomaron la opción de reducir el importe de esos alquileres. “De 50 millones se ha pasado a 28 millones, y el objetivo es pagar menos de 5 millones. Vamos a trasladar a Legazpi funcionarios que actualmente están ubicados en locales por los que pagamos 2 y 15 millones de euros, y con ese dinero vamos a financiar las mejoras en el Mercado y en el barrio.
Sin embargo, desde el EVA señalan que “el traslado de funcionarios no es la cuestión en disputa, mientras la Administración no se impongan al uso por parte de la ciudadanía” y apuntan al propio proceso de participación en torno al Mercado, que han narrado a Diagonal.
El EVA nació en septiembre de 2014 para plantear al Ayuntamiento –entonces del Partido Popular con Ana Botella– un proyecto sobre el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. El proyecto contaba con el apoyo de cerca de medio centenar de organizaciones civiles, entre las que se cuentan varias AMPAs, asociaciones de vecinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Su borrador planteaba el respeto a toda la arquitectura del edificio –protegido como bien patrimonial en buena parte, a pesar de las sucesivas descatalogaciones realizadas desde el Partido Popular– y su cesión a organizaciones sociales del barrio, tomando como marco jurídico la modificación del Mercado publicada en el Boletín Oficial 191 de la Comunidad de Madrid, que le otorgaba un uso administrativo; uso que, según el Plan de Ordenación Urbana de 1997, puede sustituirse por el de servicios públicos, zonas deportivas o verdes.
Sin embargo, en febrero de 2015, en los meses previos a las últimas elecciones municipales, la respuesta desde el Ayuntamiento de Ana Botella fue sacar a información pública el estudio de viabilidad para su construcción y explotación en régimen de concesión pública, es decir, su privatización. En marzo, la promotora Adripabel presentó su proyecto para el edificio, que contemplaba la construcción de un mercado turístico de 16.800 metros cuadrados, un centro comercial de 8.000 metros cuadrados más, un centro deportivo de 7.500 metros cuadrados, una biblioteca pública de 1.500 metros cuadrados y, bajo todo ello, un parking de 34.550 metros cuadrados. Todo por un canon anual de 60.000 euros. La intención de privatizar el espacio por parte de Ana Botella llegó a los medios de comunicación a partir de las alegaciones al proyecto presentadas por el EVA.
El destino del Mercado de Legazpi se convirtió en un tema de debate electoral. Tras las elecciones, con la llegada al Ayuntamiento de Ahora Madrid, la privatización del espacio se paralizó. Pero aún llevaría un año más poner en marcha un proceso participativo en el barrio de Arganzuela sobre el destino del inmueble, un proceso que desde el EVA tachan de “frustrante”.
El proceso participativo comenzó en abril de este año. “El EVA planteó su proyecto para el Mercado de Legazpi, que tiene mucho que ver con proyectos que se han puesto en marcha en Berlín, Amsterdam o Gernika”, explican desde la asamblea del colectivo. “Sin embargo, cuando llegamos allí, vimos que el Ayuntamiento había decidido rescatar el proyecto para el Mercado que se había presentado en 2007 por el Gobierno de [Alberto Ruíz] Gallardón, que nunca se llevó a cabo”. El proyecto de Gallardón, que sirvió de base para el proceso participativo, contemplaba la rehabilitación del espacio con una inversión de 61,1 millones de euros y su conversión en sede del Área de Gobierno de Urbanismo. Suponía, según señalan desde el EVA, una “reforma muy agresiva” sobre el edificio.
Aún así, el EVA se implicó en el proceso de participación, en cuya primera sesión, celebrada el 27 de abril, llegaron a participar medio centenar de personas, y que en principio iba a estar dividido en dos fases: una primera enfocada sobre la arquitectura y otra sobre la gobernanza del espacio, aunque esta última no se ha puesto en marcha a día de hoy. A esta primera sesión asistieron técnicos del ayuntamiento, miembros del EVA, otros vecinos de Arganzuela que no están implicados en el colectivo y representantes de prácticamente todos los partidos políticos con representación del Ayuntamiento. Sin embargo, en la siguiente sesión los políticos desaparecieron y ya en la tercera sesión el número de personas que acudieron a la cita se redujeron a un tercio de las iniciales. “Aún no somos capaces de que en un distrito como Arganzuela la gente participe de manera masiva, pero ha habido una participación suficientemente importante como para entender que había que escuchar”, afirma Sánchez Mato.
Desde el EVA sin embargo señalan que “el proceso distó mucho de ser participativo, fue más bien una consulta”. Entre las principales críticas del colectivo a este proceso destaca el “empeño” por parte del Ayuntamiento en discutir y volver sobre la ‘propuesta Gallardón’. “Nos encontramos con que la discusión giraba siempre sobre lo mismo, no se avanzaba por la defensa que se hacía, por parte del Ayuntamiento, de la propuesta de partida”, explican. “Desde el primer minuto estaban presentes las mismas preguntas sin respuestas: ¿a dónde lleva este proceso? ¿es vinculante? Siempre ha sido un proceso muy ambiguo”, añaden. Finalmente, desde EVA explican que sí se consiguió un “cierto compromiso” en el último momento para que los resultados del proceso participativo fueran vinculantes.
Unas semanas antes, desde EVA habían puesto en marcha el proceso #EVAenAbierto junto al grupo de investigación NuTAC –de la Universidad Politécnica de Madrid–, y con la colaboración de la Embajada de Holanda en España y del propio Ayuntamiento de Madrid. A las jornadas asistieron expertos en recuperación de espacios abandonados y en creación de espacios cedidos a la ciudadanía para actividades creativas. “Los invitados holandeses señalaron al Ayuntamiento que proyecto que planteaban de partida para el Mercado de Legazpi era erróneo”, afirman desde el EVA.
A finales de mayo, desde EVA impulsan unas nuevas jornadas en torno al Mercado de Legazpi, motivadas, según afirman desde el colectivo, por la “poca importancia que el Ayuntamiento le daba al patrimonio. Nos angustiaba y queríamos salvarlo”. En esta ocasión en torno al valor patrimonial del edificio. “Se invitó a expertos en patrimonio industrial de todo el Estado que criticaron el proyecto presentado por el Ayuntamiento enérgicamente”. Pocos días después, el Comité internacional para la conservación del patrimonio industrial publicaba también un comunicado en el que alertaba de la amenaza que representaba para el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi el proyecto sobre el edificio defendido por el Ayuntamiento de Madrid.
Llega la cuarta jornada del proceso participativo. “En esta jornada no aparecieron los técnicos del Ayuntamiento”, afirman desde el EVA. Sin embargo fue en esta cita en la que por fin se consiguió un consenso en torno a la configuración del espacio basada en los temas o cuestiones sobre las que había que trabajar: ¿cómo serían los flujos de personas en el espacio? ¿cómo se comunicarían los espacios? ¿como hacer converger la presencia de los funcionarios con el uso ciudadano del espacio?
“Tras un impás, el Ayuntamiento decidió alargar el proceso en dos sesiones más. Pensamos que en estas sesiones íbamos a partir del consenso conseguido en la cuarta jornada, pero, en esta quinta reunión vino mucha gente, ligada de alguna manera con el Ayuntamiento, y volvió a salir a debate el proyecto Gallardón”, explica uno de los participantes en la reunión.
“Ha sido un proceso de desgaste”, subrayan desde el EVA. “Entendemos que el Ayuntamiento quiera venderlo como un proceso idílico, pero no ha sido así, ha sido muy desilusionante”, añaden. Por su parte, Sánchez Mato sostiene que “se ha hecho un proceso de participación que se ha escuchado. Si no fuera así se habría adoptado el primer proyecto que se planteó”.
Ya en la última sesión, la sexta, desde el Ayuntamiento confirmaron la protección del edificio. También algunas de las reivindicaciones que surgieron durante el proceso, como que el edificio se conectara con el río y con la plaza de Legazpi, o que en las cubiertas se hicieran huertos urbanos. “Está muy bien, pero son detalles anecdóticos en comparación con la envergadura del proyecto”, señalan desde el colectivo, que urgen a expertos en patrimonio industrial que sigan pendientes del proceso sobre este edificio porque entienden que el patrimonio “sigue en peligro”.
Desde el EVA afirman que les enseñaron un boceto de reparto de espacios en el edificio que no tenía nada que ver con lo hablado y se les urgió a que dieran su visto bueno. “No sabíamos exactamente a qué decir que sí, era un boceto sin ningún dato ni información. Era imposible analizarlo con un mínimo de seriedad”, explican desde el colectivo. “Propusimos continuar creando un marco de colaboración institucional/expertos/ciudadanía para la co-creación de la totalidad del espacio, pero el resultado de esta sesión no se ha hecho pública”, añaden.
En septiembre, varios medios de comunicación publicaban sobre el proyecto “ya cerrado” del Mercado de Legazpi, con más de 35.000 metros cuadrados –destinados a las oficinas donde se trasladarán cerca de 2.000 funcionarios– y otros 17.000 metros cuadrados que se destinarán a dotaciones para la población –como bibliotecas o auditorios– y para su cesión a organizaciones sociales. “La propuesta que llevamos desde Patrimonio contemplaba una construcción en la plaza central del complejo del Mercado, pero la mayoría opinaba que eso desvirtuaba el edificio y que lo mejor era que se mantuviera como está, y se va a quedar como está”, explica Sánchez Mato, añadiendo que eso no significa que no se vayan a realizar obras destinadas a, por ejemplo, impermeabilizar el edificio. “No se va a construir en la plaza, se van a poner árboles de gran corte y se va a unir el edificio con el río y con la plaza de Legazpi. También teníamos que poner en ese conjunto espacio para los vecinos: se necesitaba una biblioteca, espacios para la prestación de servicios del barrio… Y un tercer elemento: espacios que se cederán a colectivos que, de forma autoorganizada, quieren desarrollar actividades en beneficio para el conjunto de la sociedad”, añade el concejal, que destaca que “va a ser el centro social más grande de la Comunidad de Madrid”, con 17.000 metros cuadrados. Desde el EVA matizan la cifra, señalando que en ésta se incluyen también las dotaciones para el barrio que no estarán bajo gestión de colectivos del barrio.
La asamblea del EVA lamenta que, aunque ahora el proceso se abrirá de nuevo, será para decidir, no sobre todo el edificio, sino sobre la parte que ellos han destinado para la ciudadanía. “Nos invitan a participar de nuevo sin tener en cuenta el resultado de la última sesión, que sigue sin ser pública. Nos imponen un diálogo para decidir, no sobre la co creación de todo el edificio, sino sobre la parte que sólo ellos han destinado para la ciudadanía”, apunta la asamblea del colectivo.
“Desde el EVA decimos basta, queremos decidir sobre la totalidad del espacio, y no que se nos utilice para dar buena imagen”, afirma la plataforma de colectivos, que invita al Ayuntamiento en reflexionar sobre el tipo de participación que está impulsando. “Las palabras participación y transparencia son fundamentales si queremos tener una democracia más sana. Cuando se cooptan y vacían de contenido, despojándolas de significado, se corre el grave riesgo de crear una situación irreversible en la que los ciudadanos desconfían de ellas”, sentencian, señalando también el ejemplo del Beti Jai en cuanto a participación y patrimonio.