MADRIDIARIOUna decena de colectivos, algunos de ellos okupas, mantienen reuniones desde principios de verano para acordar una posición común ante la cesión de espacios públicos en desuso que prepara el Ayuntamiento. Algunos ya disfrutan de espacios municipales cedidos, mientras otros llevan reclamando tiempo edificios para crear centros sociales. El recién desalojado Patio Maravillas, centros sociales cómodo el Seco o Montamarta y colectivos como el Espacio Vecinal Arganzuela son algunos de ellos.
Por Carmen M. Gutiérrez (ver artículo en Madridiario)
Una decena de colectivos, algunos de ellos okupas, mantienen reuniones desde principios de verano para acordar una posición común ante la cesión de espacios públicos en desuso que prepara el Ayuntamiento. Algunos ya disfrutan de espacios municipales cedidos, mientras otros llevan reclamando tiempo edificios para crear centros sociales. El recién desalojado Patio Maravillas, centros sociales como el Seco o Montamarta y colectivos como el Espacio Vecinal Arganzuela son algunos de ellos.
La cesión de espacios públicos municipales a movimientos sociales no es nueva en Madrid, tampoco en el caso de los que han recurrido a la okupación, pero ahora varios de estos colectivos han comenzado a reunirse para “elaborar una propuesta común desde abajo” de cesión de edificios y solares. El objetivo es “acabar con la arbitrariedad y que el proceso sea público y más transparente”, explica Ángel Lomas, de Espacio Vecinal Arganzuela, un conglomerado de asociaciones vecinales, sociales y culturales y de vecinos, que lleva meses reclamando la cesión de un ala del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi al Ayuntamiento, sin éxito por el momento. Ahora el nuevo Gobierno municipal quiere paralizar el proyecto de centro comercial presentado por una empresa privada y estudia las posibilidades de este edificio protegido.
La propuesta para que “no haya que empezar siempre desde cero” se presentará públicamente a principios de octubre. Los colectivos esperan contar en ella con presencia de miembros del Ayuntamiento, también de la oposición, según comenta Manuel Pascual, de Hacenderas, una red iniciativas ciudadanas y espacios autogestionados como el Campo de la Cebada (Centro). Por el momento, estas reuniones, en las que todavía no se ha definido el proyecto, no cuentan con representantes del Gobierno municipal, aunque sus participantes aseguran que el Ayuntamiento está al tanto de las mismas.
Algunos de estos colectivos ya se han reunido con el Ayuntamiento, como el Patio Maravillas, para tratar la creación de un marco común de cesión. También la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) ha trasladado en las reuniones con diferentes concejales del Ayuntamiento las necesidades de espacios en los distritos. El Gobierno municipal ha hecho pública su intención de sacar adelante un proyecto de este tipo y está realizando un inventario de espacios en desuso o infrautilizados para poder facilitar la la labor de los centros sociales autogestionados que han surgido en Madrid.
Con varios concejales ligados a estos espacios, como el Patio Maravillas, y el expresidente de la FRAVM, Nacho Murgui, como actual coordinador territorial del Ayuntamiento y responsable de elaborar un proyecto de cesión los colectivos creen que será más fácil entenderse. “Los movimientos sociales llevamos tiempo intentando mantener un intercambio con el Ayuntamiento para que ceda espacios y algunos ya se han cedido. La diferencia con el anterior Gobierno es la forma de interlocución. Han entendido la necesidad social y ahora están valorando cómo puede hacerse desde un punto de vista legal”, señala Enrique Villalobos, actual presidente de la FRAVM. De hecho, Murgui estuvo en el nacimiento de Hacenderas y como representante vecinal ha apoyado e intermediado con los anteriores gobiernos municipales para la cesión de espacios como el Centro Social Seco (Puente de Vallecas), el Espacio Vecinal Montamarta (San Blas) o el Campo de la Cebada. Estos centros, aunque ya dispongan de espacios cedidos, están presentes en las reuniones para elaborar lo que algunos ya llama estatuto de centros sociales. El Espacio Vecinal Montamarta, al que le fue cedido un antiguo mercado abandonado propiedad del Ayuntamiento, está en proceso de renegociar la cesión, mientra que el Centro Social Seco necesita más espacio y está inventariando las actividades a las que no puede dar cabida.
Tanto el Centro Social Seco como Montamarta comenzaron okupando edificios ante la negativa municipal de ceder espacios para usos vecinales. Miguel Ángel Brea, del Espacio Vecinal Montamarta, explica que okuparon y les desalojaron, pero después pudieron negociar y finalmente el Gobierno de Ana Botella les cedió este mercado. Además los planes de barrio municipales costearon los 30.000 euros de acondicionamiento y los 15.000 euros anuales de mantenimiento para suministros. “Parece que si no okupas no puedes negociar la cesión de un espacio”, se queja Brea, quien asegura que en muchos casos la okupación “no es un modelo sino un medio” para poder crear estos centros sociales abiertos a los barrios y sus asociaciones. En ellos, se reúnen la PAH o grupos de ayuda mutua, se crean clubs literarios, se hace yoga o se instalan emisoras libres como Ágora Sol Radio. Por Montamarta pasan unas 300 personas a la semana y en el Campo de la Cebada ha llegado a haber representaciones de Don Juan Tenorio en las que han participado hasta 200 actores o técnicos, eso sí, hechas desde lo que denominan autogestión. “La ciudadanía está preparada para gestionar sus espacios”, sentencia Brea.
Entre los miembros de esta red que se está tejiendo también hay colectivos que en la actualidad okupan, aunque la mayor parte de las centros sociales okupas autogestionados (CSOA) de Madrid se mantiene al margen porque consideran que la okupación “es en sí una forma de lucha” y una “herramienta” que sirve para “que los jóvenes estén organizados” independientemente de las subvenciones y los diferentes Gobiernos municipales, según explica Raúl Rivero, del CSOA La Traba. No obstante, el debate está servicio en muchos de estos centros okupas. Uno de los que están dudando si entrar en esta dinámica de cesiones es La Morada (Chamberí). “Por una parte hay un interés por darle estabilidad y seguridad al proyecto, porque sufrimos agresiones constantes del Hogar Social [okupado por neonazis], pero por otra no queremos ciertas restricciones”, explica Carlos, de La Morada. Restricciones como podrían ser los horarios, algunas actividades o la presencia de seguridad privada, como en La Tabacalera, cedida por el Ministerio de Cultura. “Una vez que se vaya poniendo en marcha, será más fácil que los espacios tomen una decisión”, prevé el portavoz. También el CSOA La Dragona (Ciudad Lineal) podría legalizar su situación, aunque están al margen de esta propuesta para un estatuto de centros sociales. Además, algunos de estos colectivos apuntan que quieren dejar atrás la imagen de los “okupas bebiendo cerveza” y desvincularse de ideologías.
El centro que sí ha tomado ya esta decisión es el Patio Maravillas, que acaba de ser desalojado por la policía y que llegó a reclamar un espacio público antes de las elecciones. “En el Patio hay gente a la que le apetece más que a otra. Principalmente, nos interesa darle estabilidad al proyecto, porque cuando ya está todo montando para las clases de yoga o salsa, por ejemplo, nos desalojan y tenemos que volver a empezar. A lo mejor nos estamos haciendo mayores”, señala una de sus portavoces. Además de conseguir una cesión para el Patio, también aspiran a conseguir el permiso para seguir usando el solar de la calle Antonio Grilo, en el que participan otros colectivos y que actualmente okupan. En él hay huerto, cine de verano o un mercadillo agroecológico semanal.
Otro huerto que busca su permanencia es Esta es una Plaza (Lavapiés), que también okupó primero el terreno y obtuvo la cesión con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde tras ser desalojados. En diciembre venció el convenio que subscribió con el Ayuntamiento y ahora quieren darle continuidad al proyecto, que se ha convertido en un paraíso para muchos niños de la zona, en la que escasean las zonas verdes. Además, la Red de Huertos Urbanos también está participan en el proceso, ya que una parte de estos huertos no pudo entrar en la cesión de parcelas para huertos regulada por una convocatoria pública del Ayuntamiento. En este primer proceso, fueron 12 los huertos que obtuvieron un espacio tras cuatro años de negociación entre la FRAVM, los huertos y el Ayuntamiento. Ahora faltan por legalizar otros huertos instalados fuera de zonas verdes, restricción impuesta en el primer concurso.
Financiación y usos, principales debates
En las reuniones de esta red de colectivos se están analizando modelos de cesión ya existentes como La Tabacalera en Madrid, el Astra-Gernika, o el Auzoetxe de San Sebastián para facilitar un protocolo para la creación de centros sociales (o huertos urbanos) autogestionados y asamblearios, las dos características en las que están de acuerdo. Pero hay otros aspectos en los que por el momento no hay una posición común, como la financiación y los usos, ambos estrechamente relacionados. También debaten sobre horarios, las responsabilidades civiles, el mantenimiento o la seguridad. Algunos colectivos desean que el Ayuntamiento se haga cargo de algunos gastos básicos, como los suministros, para poder desarrollar su labor sin recurrir a actividades económicas que puedan limitar su uso. Otra parte, en cambio, defiende una mayor independencia de la Administración y seguir recurriendo a métodos de financiación como la instalación de bares o la celebración de fiestas o conciertos para recaudar fondos. La financiación fue también uno de los caballos de batalla de la red de huertos ante la cesión de parcelas municipales, ya que las asociaciones temían que tener que costear el agua limitara la participación en los huertos. Además, defendían la labor social que hacen poniendo en servicio de los vecinos terrenos abandonados y que a veces suponen un coste de mantenimiento, como sucede con el Mercado de Frutas, con seguridad privada pese a que está abandonado desde hace casi una década. Otra cuestión que se debate es si estos centros podrían seguir siendo centro de reunión de iniciativas políticas.
La posibilidad de que la cesión se haga por concurso público (así se hizo con los huertos urbanos) no preocupa a estos colectivos, que consideran que así el proceso tendrá mayores garantías y transparencia. Incluso se ve como una oportunidad para seguir creciendo. “El concurso no tiene que ser competitivo, sino de colaboración”, apunta Manuel Pascual, de Hacenderas, quien recuerda que el Ayuntamiento puso en contacto a las asociaciones que aspiraban a la misma parcela de la red municipal de huertos. “Queremos ir acompañados y que el Ayuntamiento nos ayude a conocernos”, argumenta. Otra cuestión que plantearán es la escasez de espacios para ceder en algunos distritos, como en Puente de Vallecas, y la necesidad de involucrar a otras Administraciones, que sí podrían tener edificios libres.
El Ayuntamiento asegura que aún no tiene una propuesta porque los trabajos están todavía en una fase inicial, pero sí reconocen su intención de ceder espacios, como confirmó la propia alcaldesa, Manuela Carmena, quien, ante las críticas, explicó que las cesiones estarían dentro de la legalidad y que se harían en función del rendimiento social. Hasta que haya una respuesta a esta demanda ciudadana que llega a saturar los pocos espacios municipales abiertos a los procesos de autogestión, como sucede en Intermedie (Matadero), estos colectivos seguirán, como han hecho hasta ahora, transformando la ciudad. “Madrid se está llenando de sitios así”, afirma Pascual, quien apunta que incluso se está convirtiendo en un modelo en el extranjero. “La marca de Madrid son los madrileños”, sentencia.
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